Construye proyectos sin fianzas, seguros, ni permisos
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), reveló ayer un informe que indica que el municipio de Guánica fraccionó la remodelación del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), Doctor Juan Santiago, en cuatro contratos, a tres contratistas diferentes, por $730,000.
Esta cantidad ascendió a $916,007, tras una orden de cambio y siete aditivas, autorizadas por la administración del novopregresista, Santos Seda. Los costos individuales no excedieron el límite de $200,000 establecido por ley, por lo cual el municipio no celebró subasta pública, tampoco le exigió a los contratistas las fianzas y pólizas requeridas, antes de formalizar los contratos.
"Estas situaciones impiden la libre competencia, y dejan sin garantías al municipio (de Guánica), en caso de que los contratistas no terminaran la obra", observa la contralora, Yesmín Valdivieso, en el informe.
El alcalde, Santos Seda, defendió la gestión comentando, "en relación al proyecto de remodelación de CDT municipal, el mismo fue realizado utilizando el mecanismo de subasta informal en dos fases. Debido a la situación precaria en que se encontraban las facilidades del centro y a la necesidad urgente de servicios de salud por parte de los guaniqueños, el proyecto cualificaba para ser atendido como una emergencia".
La auditoría de cuatro hallazgos número M-17-36, señala que se construyeron cuatro proyectos sin los permisos previos de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP), como dispone la Ley 161-2009.
En el caso del CDT, por ejemplo, "obtuvo el permiso de construcción seis meses luego de otorgado el primer contrato de su remodelación", observa la contralora. Hecho a lo que el primer ejecutivo municipal responsabilizó a la agencia estatal al radicar la solicitud.
Los auditores de la OCPR identificaron que no se habían cobrado, por parte del municipio, $47,118 en arbitrios de construcción, ni retuvo dicho importe en los pagos efectuados a los contratistas, cuyos contratos ascendieron a $1.1 millones.
Ese dinero no se pudo recobrar para utilizarlo para las operaciones del municipio, mas que los directores de Finanzas municipales, no obligaron los créditos presupuestarios de casi $1 millón para el pago de los contratos, menciona el documento, a lo que el alcalde ripostó que no eran obligados al momento de otorgarse los contratos.
Seda alegó que, "los arbitrios de construcción pendientes en dicho proyecto, se facturaron a los contratistas, y estamos en proceso del cobro del dinero…el departamento de finanzas está siendo diligente y fiscalizador relacionado a este asunto, como parte de los planes de acción correctiva", añadió.
No obstante, Santos Seda admite que, "el departamento de finanzas ha sido instruido sobre la importancia de que se realicen las debidas transferencias entre partidas, para así evitar el sobregiro de las partidas".
Por otro lado, según el alcalde, problemas de liquidéz del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), crearon que las transferencias de balances de préstamos, los fondos para parte de estos contratos, aunque los fondos estaban disponibles en el BGF, el tiempo que tardó la transacción, para dichas transferencias, fue lo que retraso dichos fondos.
Al final del año fiscal 2015, la administración municipal tenía 11 demandas civiles, por $2.8 millones pendientes de resolución en los tribunales, y 48 casos presentados por los empleados ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). Tampoco había recobrado unos $76,000 que se le recomendamos en auditorías anteriores del 2010 y 2014.
Además, el municipio dejó de cobrar $68,665, por el arrendamiento de los centros comunales y el Club Puertorriqueño de Ensenada-Guánica, al cederlos gratis, a lo que Seda ripostó bajo la premisa de, “qué serán lugares donde pueden congregarse en gran número y el cual les ofrezca cierta privacidad y seguridad".
La administración de Seda entiende que las instalaciones municipales podrán ser usadas para actividades de interés general, las cuales se realizan de forma pacífica, licita y ordenada dándole prioridad a las actividades de carácter cultural y educativo, libres de costo.
El alcalde guaniqueño agregó que las solicitudes para el uso gratuito de los centros son recibidas y evaluadas de manera objetiva por la administración municipal antes de su concesión, mas que el municipio enmendó su reglamento, y redujo los costos tanto de alquiler y fianza de 25 dólares cada uno, para que los ciudadanos puedan tener acceso, y el municipio obtenga los ingresos que necesita.
Por otra parte, en el informe de la contralora, Valdivieso descubre que para el Monumento a los Soldados y el Paseo de los Guaniqueños Ilustres, tampoco obtuvo el endoso del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), requerido por su ubicación en la Plaza de Recreo del pueblo.
El ejecutivo municipal defendió su gestión como "un compromiso con estos servidores de la libertad y la democracia por los pasados veinticinco años" el cual alega, le añadió valor cultural a la Plaza de Recreo de Guánica, al igual que el paseo.
El informe de la OCPR cubre desde el periodo del 1 de marzo de 2013, al 30 de junio de 2015.
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