Asamblea municipal desconocía de situación revela auditoría de la OCPR
De diciembre del 2009, hasta noviembre del 2014, el municipio de Cabo Rojo mantuvo inversiones que fluctuaban de $5.8 a $9.6 millones en una institución bancaria, de fondos otorgados por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.
El extipendio de dichos fondos, revela una auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), provienen de una resolución conjunta mediante asignaciones del Barril de Tocino y Barrilito, fueron asignados originalmente para la compra de terrenos, construcción de obras y mejoras permanentes.
El gobierno de Roberto J. Ramírez Kurtz, alega el estudio de la contralora, Yesmín Valdivieso, tampoco remitió para la aprobación de la legislatura municipal, una línea de crédito bancaria por $809,948, para la cual utilizó como colateral las mencionadas inversiones.
"Estas situaciones pueden ser perjudiciales y afectar asignaciones futuras de fondos", señaló en comunicación escrita Valdivieso Galib.
Asimismo, refleja la auditoría de la (OCPR), que tres personas quienes no estaban registrados como ingenieros o agrimensores por el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR), inspeccionaron y certificaron 35 proyectos en Cabo Rojo, contrario a la Ley 319 del 15 de mayo de 1938.
"Nuestra Oficina remitió al secretario de (del Departamento) Justicia (DJ), al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) y a la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (JEIAPR), el 19 de diciembre de 2016, la contratación de servicios de ingeniería a una corporación que no estaba constituida como una corporación profesional, como dispone la Ley 173 del 12 de agosto de 1988", sentenció la contralora de Puerto Rico
"Nuestra Oficina remitió al secretario de (del Departamento) Justicia (DJ), al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) y a la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (JEIAPR), el 19 de diciembre de 2016, la contratación de servicios de ingeniería a una corporación que no estaba constituida como una corporación profesional, como dispone la Ley 173 del 12 de agosto de 1988", sentenció la contralora de Puerto Rico
La auditoría de cuatro hallazgos, publicada el pasado jueves, además apunta que de junio del 2013, a julio del 2015, el gobierno de Ramírez Kurtz, otorgó cuatro contratos por $391,825 a un contratista privado, sin obtener cotizaciones de al menos tres proveedores.
También, los auditores de la OCPR identificaron que para seis obras por $389,411, se consideraron 44 cotizaciones de siete compañías, de las cuales todas las compañías resultaron ser falsas.
El informe comenta el caso de la destitución del encargado del Cementerio Las Delicias, en enero de 2014, tras determinarse en una auditoría interna, que vendió una fosa a una persona particular y expidió una certificación oficial.
"Nuestros auditores investigaron otra querella que se recibió en julio de 2014, y determinaron que el encargado intervino en la venta de tres fosas por $1,000, $600 y $1,500, expidió certificaciones para cada una de ellas y solicitaba a los compradores el pago en efectivo", subraya el documento.
La contralora culminó revelando que los funcionarios municipales no refirieron este caso, ni a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), ni al DJ, ni a la OCPR.
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