Auditoría OCPR señala DJ realiza investigación por cobros excesivos de proveedores
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa sobre las operaciones de la Oficina de Combustible de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La auditoría de siete hallazgos señala múltiples deficiencias, tales como la reglamentación, la compra de combustible, los desembolsos, el recobro de los costos por el alquiler de tanques a los proveedores de combustible, mas el registro y envío de contratos a la OCPR.
El informe, el cual cubre el periodo del 1 de enero de 2011 al 31 de enero de 2017, revela que la AEE llevaba hasta 19 años sin actualizar la reglamentación que rige los procesos de compra de combustible, conforme a los cambios administrativos, operacionales y organizacionales de la propia agencia.
"Esta situación podía propiciar que no se observaran procedimientos uniformes, ni adecuados, con los consecuentes efectos adversos para la Autoridad (de Energía Eléctrica)", observó la contralora, Yesmín Valdivieso.
Además, no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 273 del 2003, el plan requerido por la Ley 236 del 2010 y el archivo de documentos fiscales.
Por otro lado, la AEE permitió el subarrendamiento de servicios, mediante correo electrónico y no bajo un contrato formal, de los tanques de combustible, por $2.3 millones a un proveedor.
Asimismo, "no se facturaron $1.9 millones, a tres proveedores de combustible en el 2012, sino hasta que nuestros auditores solicitaron información", revela el informe de la OCPR.
Mientras que los programas de facturación no estaban integrados al sistema de la Autoridad, y la información de los depósitos recibidos en las cuentas del banco de la Autoridad no era confiable, entre otros.
De hecho, el informe constata que el Departamento de Justicia (DJ) realiza una investigación, debido a que varios proveedores de combustible facturaban a base del 100 por ciento del volumen de venta, aun cuando gozaban de un 60 por ciento de exención contributiva. Además, le facturaban a la Autoridad el 0.5 por ciento de tasa contributiva municipal, cuando en realidad pagaron patente de .25 y .4 por ciento.
"Nuestros auditores identificaron que la supervisora de Compras realiza funciones conflictivas, ya que además de la responsabilidad de verificar las facturas, las prepara, tramita y realiza ajustes", menciona el informe de la OCPR.
Además, "contrario a la Ley 18 y a la Reglamentación 33, la Autoridad no había remitido a la OCPR, copia de un contrato y enmienda, por $507 millones, por los cuales ya había pagado unos $306 millones, antes de haberlos registrados en nuestra oficina", continúa la auditoría.
Por otro lado, la dilación en la entrega de documentos por parte de la AEE, dificultó la labor de los auditores de la OCPR.
En 175 ocasiones la OCPR solicitó documentos, que por dejadez y diligencia por parte de los funcionarios de la AEE, se demoraron hasta 516 días en entregarlos, "esto a pesar de las tres reuniones con los directores ejecutivos, y dos con el presidente de la Junta de Gobierno, en las cuales le solicitamos su intervención" menciona la contralora.
El informe revela que los auditores de la OCPR colaboraron con la Comisión Especial para el Estudio de las Normas y Procedimientos Relacionados con la Compra y Uso del Petróleo por la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y de Integridad Gubernamental establecida por el Senado el 19 de mayo de 2014.
Dicha investigación reveló irregularidades en los estados financieros de los licitadores y en el reembolso de las patentes, manipulación de las curvas de calibración para el análisis de combustible, patrón de favoritismo con un laboratorio que realizaba los análisis de combustible, y múltiples violaciones de ley en la contratación de dos proveedores que habían sido convictos, o culpables de delitos de fraude, malversación o apropiación ilegal de fondos públicos, entre otros.
