Auditoría de nueve hallazgos revela fraccionamiento de contrucciones para evitar subastas públicas
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión parcialmente adversa sobre la administración de los presupuestos, las compras y los desembolsos, del Municipio de Vega Alta.
Asimismo, la OCPR levantó alertas sobre las contrataciones de servicios profesionales y consultivos, las subastas y la propiedad, entre otras áreas, del mencionado
El informe revela desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación, porque según la contralora, Yesmín Valdivieso, "se fraccionaron obras de construcción, para que no excedieran la suma de $200,000, y así evitar la celebración de subastas, como dispone la ley 81-1991", menciona en comunicación escrita.
Según revela la auditoría de la OCPR, el municipio de Vega Alta fraccionó $1 millón, en 14 contratos, y 6 enmiendas para la construcción de cunetones, aceras y encintados. Por otro lado, para la contratación de guardias de seguridad, de marzo a diciembre de 2015, por $129,891, la administración municipal tampoco celebró subasta pública.
Además, en Vega Alta se realizaron obras por $6 millones, sin obtener los permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE), ni del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
"En uno de esos proyectos, la remodelación del parque de pelota, Julio “Papo” Dávila, se pagaron $28,500 por siete acondicionadores de aire, pero sólo se instalaron tres unidades. Atribuimos las situaciones a que el exalcalde, el director de Finanzas, el secretario municipal y el personal de Ingeniería, no protegieron adecuadamente los intereses del Municipio" sentenció la contralora de Puerto Rico.
La auditoría de nueve hallazgos señala deficiencias con las transferencias de créditos entre partidas presupuestarias que no se remitieron para la aprobación de la legislatura municipal, la otorgación de un contrato retroactivo por $9,000, para el arrendamiento de un local, y la Oficina de Documentos Públicos no estaba habilitada para conservar los documentos, por la presencia de hongos, filtraciones, y falta de ventilación.
Una situación similar se había señalado en el Informe de Auditoría M-15-21de 2015, de la OCPR.
El informe comenta que en el 2014, después de siete años de litigio, el municipio de Vega Alta llegó a un acuerdo de transacción por $625,000, con las compañías desarrolladoras de las residencias multifamiliares de interés social, Paseo de la Vega I, II y III, que demandaron tras la cancelación de sus contratos en 2005.
Además, al 31 de diciembre de 2015, seguían pendiente de resolución por los tribunales dos demandas civiles: una de $45,000, por cobro de dinero, y la otra ante el Tribunal Federal, por $4.5 millones por discrimen político y violación de derechos civiles.
El informe cubre el periodo del 1 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2015.
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