Tribunal de Apelaciones favorece caso federal impide que el ELA regule armas de fuego
Así informó ayer la jefa de fiscales, Olga B. Castellón Miranda, sobre la opinión de 36 páginas del juez superior, Jorge Díaz Reverón.
En un caso resuelto por el Tribunal de Apelaciones, proveniente de las regiones de Bayamón y Aibonito, se acusaba a varias personas de vender a agentes encubiertos, armas de fuego adquiridas en el bajo mundo.
El Tribunal de Apelaciones resolvió que el caso de Sánchez Valle impide que el Estado Libre Asociado (ELA), regule la tenencia y posesiones de armas de fuego, aún cuando se adquieren ilegalmente.
"Dicha decisión es persuasiva y no obliga a los demás tribunales", menciona el Departamento de Justicia (DJ).
En su resolución, el juez Díaz Reverón resuelve que el caso de Sánchez Valle, al igual que los casos del Tribunal Supremo Federal del Distrito de Columbia v. Heller y McDonald v. Chicago, no le quitan la autoridad a los estados, incluyendo a Puerto Rico, para regular el comercio de armas de fuego.
"En su extensa discusión", explica el DJ, "el magistrado analizó la Segunda Enmienda de la Constitución Federal, y su interpretación por la mayoría de los estados de la nación americana, y Puerto Rico", agregó la comunicación escrita de la dependencia pública.
"La base o el 'core' del derecho, a tener y poseer un arma, es que los ciudadanos responsables y respetuosos de la ley puedan usar las armas en defensa de la familia y el hogar", reza la resolución de Díaz Reverón, citando la jurisprudencia federal.
"Se rechaza firmemente cualquier noción, de que un individuo tiene un derecho constitucional de tener y poseer cualquier arma de cualquier tipo, y en cualquier manera”, agregó el juez en su resolución.
Mediante esta opinión del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, es la última de varias opiniones emitidas por diferentes jueces en varias jurisdicciones, ante planteamientos de inconstitucionalidad de la Ley de Armas, profundizó el DJ en comunicado de prensa.
El Tribunal de Apelaciones tiene ante su consideración una moción de reconsideración presentada por el DJ, en defensa de la constitucionalidad de la Ley de Armas.
“El Departamento de Justicia seguirá defendiendo la constitucionalidad de la Ley de Armas ante los diferentes foros judiciales como una cuestión de política pública”, sostuvo la jefa de fiscales.
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